Albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, transportistas y proveedores han visto cómo iban mermando sus ingresos ante la falta de trabajo y, en consecuencia, restaurantes y comercios en general han visto cómo han ido disminuyendo sus ventas por culpa de la falta de seguridad jurídica en materia de urbanismo provocada por la inoperancia del alcalde de Sant Josep en la aprobación de las nuevas normas subsidiarias dentro del plazo legalmente establecido, provocando de esta forma el mayor período de baja actividad económica general vivido en nuestro municipio y que nos ha llevado, junto con la deflación, el decreciente uso de recursos y el bajo nivel de inversión privada derivada de la inseguridad jurídica generada, al desempleo masivo.
Tres años de paralización de la inversión privada provocados por la incapacidad del alcalde socialista y del concejal de urbanismo de ERC para llevar a cabo la aprobación de la nueva normativa. Nueva normativa que, de igual forma que pretendía el Consell, se impone a la población, prueba de ello las más de quinientas alegaciones de toda índole recibidas.
¿Quién asumirá los costes de adaptar proyectos ya redactados con la normativa del 86 a las nuevas normas subsidiarias y que ahora deberán desandar lo andado? ¿Quien asumirá el coste de las horas de los funcionarios (algunos contratados expresamente) dedicados a informar durante estos tres años sobre la adecuación de los proyectos a las nuevas normas? y, sobre todo, ¿quién asumirá los costes de haber empobrecido el municipio?
Ahora, tras tres años de moratorias, tenemos un municipio con más paro y, por tanto, más pobre. Este es el rastro que ha dejado el progresismo en Sant Josep durante esta legislatura.
